LA SUPREMA CORTE DE EE UU AVALA LA LIBRE TENENCIA Y PORTACION DE ARMAS DE FUEGO EN TODOS LOS ESTADOS

Syllabus

NOTA: Cuando sea posible, al mismo tiempo que la opinión de la Corte sea dada a conocer, se publicará un syllabus o encabezamiento del fallo, lo cual se ha hecho en el presente caso. El syllabus no constituye parte de la opinión de la Corte, pero ha sido preparado por el Reportero de las Decisiones, para beneficio del lector. Véase “Estados Unidos contra Detroit Timber & Lumber Co.”, 200.U.S. 321,337.

SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

 

Syllabus

MCDONALD ET AL. v. CITY OF CHICAGO, ILLINOIS, ET AL.

CERTIORARI A LA CORTE DE APELACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL SÉPTIMO DISTRITO

No. 08–1521. Argumentada el día 2 de marzo de 2010—Decidida el 28 de junio de  2010.

Dos años atrás, en el fallo Distrito de Columbia vs. Heller, esta Corte sostuvo que la Segunda Enmienda protege el derecho de tener y portar armas para el propósito de la autodefensa y derogó la ley del Distrito de Columbia que prohibía la posesión de armas en el hogar. Chicago (de aquí en más la Ciudad) y el suburbio de Oak Park, tienen leyes que prohíben la posesión de armas cortas a casi todos los ciudadanos civiles. Después del fallo Heller los peticionantes presentaron un caso federal contra la Ciudad, el que se consolidó con dos acciones relacionadas, alegando que la prohibición de armas cortas por parte de la Ciudad los hacía vulnerables a la acción de los criminales. Su pretensión era obtener una declaración que estableciera que la mencionada prohibición y varias otras ordenanzas municipales son violatorias de las Segunda y Decimocuarta Enmiendas. Al rechazar los argumentos de los peticionantes acerca de la inconstitucionalidad de las ordenanzas, el tribunal (primera instancia, n. del t.) señaló que ya antes el Séptimo Circuito había sostenido la constitucionalidad de la prohibición de las armas de fuego, que en Heller la Corte (se refiere a la Corte Suprema, n. del t.), se había restringido explícitamente de opinar acerca de si la Segunda Enmienda se aplica a los Estados y que el tribunal tiene la obligación de fallar según la jurisprudencia sentada por la corte de apelaciones. En este caso, el Séptimo Circuito afirma, basándose en tres casos del siglo XIX, (United States v. Cruikshank, 92 U. S. 542, Presser v. Illinois, 116 U. S. 252, y Miller v. Texas, 153 U. S. 535—), que fueron decididos siguiendo los pasos de la interpretación de la Cláusula de privilegios o Inmunidades de la XIV Enmienda hecha por esta Corte (se refiere a la Corte Suprema, n. del t.), en los Casos del Matadero, 16 Wall. 36.

Decisión: El fallo es revocado y el caso es vuelto a juzgar.

 

F567. 3d 586, revocado y vuelto a juzgar. El Juez ALITO, emite la opinión de la Corte Suprema respecto de las Partes I, II-A, II-B, II-D, III-A y III-B, concluyendo que la XIV Enmienda incorpora el derecho de la Segunda Enmienda, reconocido en Heller, de tener y portar armas para el propósito de la autoprotección. Pp. 5-9, 11-19, 19-33.

(a) Los peticionantes basan su caso en dos presentaciones. En primer lugar, argumentan que el derecho de poseer y portar armas está protegida por la Cláusula de Privilegios o Inmunidades de la XIV Enmienda y que la interpretación estrecha de la misma hecha en los Casos del Matadero debería revocarse. Como argumento secundario sostienen que la Cláusula del Debido Proceso incorpora el derecho establecido en la Segunda Enmienda. Chicago y Oak Parks (demandados municipales) sostienen que un derecho establecido en la Declaración de Derechos se aplica en la jurisdicción de cada Estado sólo cuando es un atributo indispensable de algún sistema legal “civilizado”. Si es posible imaginarse un país civilizado que no reconoce el derecho, aseveran los defensores municipales, ese derecho no está protegido por el debido proceso. Y dado que hay países civilizados que prohíben o regulan estrictamente la posesión de armas por parte de particulares, sostienen que el debido proceso no excluye tales medidas. Pp 4-5.

 (b) La Declaración de Derechos, incluyendo a la Segunda Enmienda, se aplicó originalmente al Gobierno federal y no a los gobiernos estaduales, ver, e.g., Barron ex rel. Tiernan v. Mayor of Baltimore, 7 Pet. 243, 247, pero las Enmiendas constitucionales adoptadas con posterioridad a la Guerra Civil alteraron fundamentalmente al sistema federal. Cuatro años después de la adopción de la XIV Enmienda, esta Corte sostuvo, en los Casos del Matadero, que la Cláusula de Privilegios o Inmunidades de la XIV Enmienda protege solamente los derechos “que deben su propia existencia al Gobierno Federal, su carácter Nacional, su Constitución o sus leyes”, 16 Wall., en 79, y que los derechos fundamentales que anteceden a la creación del Gobierno Federal no estaban protegidos por la Cláusula, ídem, en 76. Bajo esta lectura estrecha de miras, la Corte sostuvo que la Cláusula de Privilegios o Inmunidades protege solamente derechos muy limitados. Ídem, en 79-80. Subsecuentemente la Corte sostuvo que la Segunda Enmienda se aplica solo al Gobierno Federal en Cruikshank, 92 U. S. 542, Presser, 116 U. S. 252, y Miller, 153 U. S. 535, las decisiones sobre las cuales la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito basó su fallo en el presente caso. Pp. 5-9.

 (c) Si el derecho a tener y portar armas garantizado por la Segunda Enmienda se aplica o no a los Estados, se considera a la luz de los precedentes de la Corte en la aplicación de la protección de los derechos garantizados en la Declaración de Derechos ante decisiones tomadas por los Estados.

 

Notas al punto (c):

 

(1) Hacia el final del siglo XIX, la Corte Suprema comenzó a sostener que la Cláusula del Debido Proceso prohíbe a los Estados infringir las protecciones otorgadas por la Declaración de Derechos. Ver, e.g., Hurtado v. California, 110 U. S. 516. Se notan cinco características de las aproximaciones sobre el tema que se formularon en la subsiguiente era. Primero, la Corte Suprema vio la cuestión del Debido Proceso como una enteramente separada de la cuestión acera de si un derecho era un privilegio o inmunidad vinculado a la ciudadanía nacional. Ver Twining v. New Jersey, 211 U. S. 78, 99. Segundo, la Corte Suprema explicó que los únicos derechos protegidos por el Debido Proceso contra violaciones estaduales fueron aquellas “de naturaleza tal que se incluyen en la concepción del debido proceso de la ley”. Ibid. Tercero, algunos casos durante esta era “pueden verse como…si un sistema civilizado pudiera imaginarse que no acordara la garantías particular” reafirmada en ese aspecto. Duncan v. Louisiana, 391 U. S. 145, 149, n. 14. Cuarto, la Suprema Corte no hesitó en sostener que una garantía de la Declaración de Derechos no pasaba la prueba para ser encuadrada bajo la protección de la Cláusula del Debido Proceso, encontrando, por ejemplo, que la libertad de expresión pasa la prueba, Gitlow v. New York, 268 U. S. 652, 666; Near v. Minnesota ex rel. Olson, 283 U. S. 697, pero el requerimiento de acusación por parte de un Gran Jurado no, Hurtado, supra. Finalmente, aún cuando se sostuviera que tal derecho cayera dentro de la concepción del debido proceso, la protección o los remedios proporcionados contra la violación de carácter estadual algunas veces diferían de los provistos contra las restricciones impuestas por el Gobierno Federal. Pp. 11-13.

 

(2) El Juez Black defendió la teoría alternativa de que la cláusula § 1 de la XIV Enmienda incorporó totalmente todas las provisiones de la Declaración de Derechos, ver, e.g., Adamson v. California, 332 U. S. 46, 71– 72 (Black, J., disenso), pero la Corte Suprema nunca abrazó esa teoría. Pp. 13-15.

 

(3) La Corte Suprema eventualmente se movió en la dirección abogada por el Juez Black, adoptando una teoría de incorporación selectiva por la cual la Cláusula del Debido Proceso incorpora derechos particulares contenidos en las primeras ocho Enmiendas. Ver, e.g., Gideon v. Wainright, 372 U. S. 335, 341. Estas decisiones abandonaron tres características del período anterior. La Corte Suprema clarificó que el criterio patrón debe ser si una garantía particular de la Declaración de Derechos es fundamental para el esquema vigente en nuestra Nación de libertad ordenada y para el sistema de justicia. Duncan, supra, at 149, n. 14. La Suprema Corte eventualmente sostuvo que casi todas las garantías de la Declaración de Derechos alcanzaban los requerimientos necesarios para ser puestas bajo la protección de la Cláusula del Debido Proceso. La Suprema Corte también sostuvo que las garantías establecidas en la Declaración de Derechos deben “todas…ser respetadas contra las pretensiones de los Estados bajo lo dispuesto por la XIV Enmienda, de acuerdo con los mismos estándares que protegen esos derechos personales contra la invasión Federal”. Malloy v. Hogan, 378 U. S. 1, 10. Bajo esta aproximación, la Suprema Corte desestimó anteriores decisiones que sostenían que algunas garantías o remedios particulares de la Declaración de Derechos no se aplicaban a los Estados. Ver, e.g., Gideon, supra, que desestimó Betts v. Brady, 316 U. S. 455. Pp. 15–19.

 

(d) La XIV Enmienda hace que el derecho a tener y portar armas establecido en la Segunda Enmienda sea plenamente aplicable a todos los Estados. Pp. 19-33.

 

Notas al punto (d):

 

(1) La Suprema Corte debe decidir si ese derecho es fundamental al proyecto nacional de libertad con orden, Duncan v. Louisiana, 391 U. S. 145, 149, o, como la Suprema Corte dijo en un contexto relacionado, si está o no “profundamente enraizado en la historia y tradición de esta Nación”, Washington v. Glucksberg, 521 U. S. 702, 721. Heller señala la respuesta sin lugar a dudas. La defensa propia es un derecho básico, reconocido por muchos sistemas legales desde tiempos pretéritos hasta la actualidad, y en Heller la Corte Suprema sostiene que la defensa propia individual es el “componente central” del derecho establecido en la Segunda Enmienda. 554 U. S., explicando que la necesidad de defensa propia, de la familia y de la propiedad es más aguda en el hogar, ibid., la Corte Suprema encuentra que este derecho se aplica a las armas cortas porque son “las armas de fuego preferidas en la Nación para tener y usar para la protección del propio hogar y la familia”.  id. Se llega así a la conclusión que debe permitirse a los ciudadanos “usar (armas) para el propósito legal de la defensa propia”. Id. Heller también clarifica que este derecho “está profundamente enraizado en la historia y las tradiciones de esta Nación”, Glucksberg, supra, at 721. Heller exploró los orígenes del derecho en la ley inglesa y notó la estima elevada en que este derecho era tenido durante la era colonial y en el tiempo en que se ratificó la Declaración de Derechos. La evidencia respecto de que este derecho era considerado fundamental es poderosa. Esta comprensión del derecho a la defensa propia persistió en los años inmediatamente posteriores a la ratificación de la Declaración de Derechos y se confirma en las Constituciones estaduales sancionadas en esa era, las cuales protegían el derecho de poseer y portar armas. Pp. 19–22.

 

(2) Una investigación de la historia contemporánea también demuestra claramente que los autores y ratificadores de la XIV Enmienda consideraban que el derecho a poseer y portar armas está entre aquellos derechos fundamentales necesarios para el sistema de libertad en orden de esta Nación. Pp. 22-33.

 (i) Hacia 1850 el temor a que el Gobierno Nacional desarmara a la milicia universal se había desvanecido, pero el derecho a poseer y portar armas gozaba de elevada consideración desde el punto de vista de la defensa propia. Autores abolicionistas (de la esclavitud, n. del t.) escribieron en apoyo de ese derecho e intentos de desarmar a los “Free-Soilers” (partido político que nació hacia 1848 en Estados Unidos, con el propósito de oponerse a la esclavitud), en la “Sangrienta Kansas” se encontraron con el escándalo debido a haber quitado a la gente el derecho a tener y portar armas. Después de la Guerra Civil, los Estados del Sur se involucraron en esfuerzos sistemáticos por desarmar a los afro-americanos, ver Heller, supra. Estas injusticias hicieron que el 39º Congreso aprobara la Ley de la Oficina de Hombres Liberados de 1866 y la Ley de Derechos Civiles de 1866, a efectos de proteger el derecho de los afroamericanos de poseer y portar armas. El Congreso, sin embargo, estimó que tales esfuerzos legislativos eran insuficientes, y aprobó la XIV Enmienda. Hoy en día se acepta, en general, que la XIV Enmienda fue aprobada con la intención de proveer una base constitucional para proteger los derechos establecidos en la Ley de Derechos Civiles. Ver General Building Contractors Assn., Inc. v. Pennsylvania, 458 U. S. 375, 389. En los debates sobre la Enmienda llevados a cabo en el Congreso cuando esta se aprobó, sus proponentes legislativos se refirieron al derecho a poseer y portar armas como un derecho fundamental que merecía protección. Las evidencias provenientes del período inmediato que siguió a la ratificación de la XIV Enmienda confirman que ese derecho era considerado fundamental. Pp. 22-31.

(ii) A pesar de toda esta evidencia, los demandados municipales arguyen que los Miembros del Congreso vieron sobre todo el párrafo § 1 de la XIV Enmienda meramente como una regla anti discriminación. Pero mientras que el párrafo § 1contiene una regla anti discriminación, la Cláusula de igualdad de Protección, apenas se puede decir que la sección únicamente prohíbe la discriminación. Si lo que los municipios demandados proponen significa que la Segunda Enmienda debe ser separada para un tratamiento especial –y especialmente desfavorable-, la Corte rechaza esa sugerencia. El derecho a tener y portar armas debe ser considerado como una garantía sustantiva, no una prohibición que puede ser ignorada en tanto y cuanto los Estados legislen en una forma imparcial. Pp. 30-33.

 

El JUEZ ALITO, secundado por el PRESIDENTE DE LA CORTE, JUEZ SCALIA y el JUEZ KENNEDY, concluyó, en las Partes II-C, IV y V del fallo, que la Cláusula del Debido Proceso de la XIV Enmienda incorpora el derecho de la Segunda Enmienda reconocido en Heller, Pp. 10-11, 33-34.

 

(a) Petitioners argue that that the Second Amendment right is oneof the “privileges or immunities of citizens of the United States.”There is no need to reconsider the Court’s interpretation of the Privileges or Immunities Clause in the Slaughter-House Cases because, for many decades, the Court has analyzed the question whether particular rights are protected against state infringement under theFourteenth Amendment’s Due Process Clause. Pp. 10–11.

 

(a) Los peticionantes argumentan que el derecho de la Segunda Enmienda es uno de los “privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos”. No hay necesidad de reconsiderar la interpretación de la Corte Suprema de Cláusula  de Privilegios o Inmunidades en los Casos del Matadero porque, durante muchas décadas, la Suprema Corte ha analizado la cuestión acerca de si derechos particulares están protegidos contra violaciones estaduales bajo la Cláusula del Debido Proceso de la XIV Enmienda. Pp. 10-11.

 

(b) Los restantes argumentos de los municipios demandados se rechazan porque contradicen el fallo central en el caso Heller. En efecto, solicitan de la Corte que sostenga que el derecho a poseer y portar armas esté sujeto a una serie de regulaciones distintas a las establecidas en las garantías contenidas en la Declaración de Derechos. Pp. 33-40.

 

(c) Las objeciones de los miembros disidentes se presentaron y fueron rechazadas. Pp.41-44.

El JUEZ THOMAS acepta que la XIV Enmienda convierte al derecho a tener y portar armas cuya existencia fue reconocida en el fallo District of Columbia v. Heller, 554 U. S., plenamente aplicable a los Estados. Sin embargo, afirma, hay un camino hacia esta conclusión que es mucho más directo y más fiel hacia el texto y la historia de la Segunda Enmienda. La Suprema Corte tiene razón cuando describe al derecho consagrado en la Segunda Enmienda como “fundamental” para el proyecto Americano de libertad con orden, Duncan v. Louisiana, 391 U. S. 145, 149, y “profundamente enraizado en la historia y tradiciones de esta Nación”, Washington v. Glucksberg, 521 U. S. 702, 721. Pero la Cláusula del Debido Proceso de la XIV Enmienda, que se refiere solamente al “Proceso”, no puede imponer la restricción sustantiva a la legislación estadual que la Suprema Corte reafirmó. Más bien, el derecho a poseer y portar armas es sostenible en contra de los Estados porque es un privilegio de la ciuidadanía americana reconocido por el párrafo § 1 de la XIV Enmienda, que proporciona inter alia (entre otras cosas, n. del t.): “Ningún Estado promulgará ni ejecutará ninguna ley que viole los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos”. Cuando se interpreta este leguaje es importante recordar que las provisiones constitucionales son “escritas para ser comprendidas por los votantes”. Heller, 554 U. S. El objetivo de esta investigación es discernir lo que hubieran entendido los “ciudadanos comunes” acerca del significado de la Cláusula de Privilegios o Inmunidades de la XIV Enmienda en el momento en que aquella se ratificó. Ibid. Un estudio de las autoridades legales contemporáneas con dicha ratificación muestra que, en esa época, el público ratificante entendía que la Cláusula protegía los derechos constitucionales enumerados, incluyendo el derecho de tener y portar armas. Pp. 1-34.

 

El JUEZ ALITO, anunció la sentencia de la Suprema Corte y elaboró la opinión de la Corte respecto de las Partes I, II-A, II-B, II-D, III-A Y III-B, a la cual adhirieron el Presidente del Tribunal, JUEZ ROBERTS, y los JUECES SCALIA, KENNEDY y THOMAS, así como una opinión con respecto a las Partes II-C, IV Y V, concurriendo con la misma el Presidente del Tribunal, JUEZ ROBERTS, y los JUECES SCALIA y KENNEDY. El JUEZ SCALIA presentó una opinión concurrente y el JUEZ THOMAS presentó una opinión concurrente en parte y concurrente con la sentencia. El JUEZ  STEVENS presnetó una opinión en disenso. El JUEZ BREYER presentó una opinión en disenso a la cual adhirieron las JUEZAS GINSBURG y SOTOMAYOR. FALLO COMPLETO EN INGLES

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